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El pasado viernes 4 de julio, se realizó una supervisión especial participativa en materia ambiental en la cuenca Ramis – río Grande, ubicada en el di
El pasado viernes 4 de julio, se realizó una supervisión especial participativa en materia ambiental en la cuenca Ramis – río Grande, ubicada en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno. La actividad, desarrollada por disposición del director regional de Energía y Minas, tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de las normas ambientales en operaciones mineras formales e informales presentes en la zona.
La fiscalización fue encabezada por la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) Puno y contó con la participación de la Gerencia Regional de Autoridad Ambiental (GRAA) del Gobierno Regional de Puno, la Autoridad Nacional del Agua (ANA); así como dirigentes de la cuenca Ramis – río Grande, Crucero.
Durante el recorrido, realizado en el sector Huacchani, se intervinieron cuatro proyectos mineros, constatándose que, en la mayoría de los casos, las operaciones no contaban con los componentes ambientales mínimos requeridos, tales como pozas de sedimentación y chutes en condiciones adecuadas. Como medida inmediata, se ordenó la paralización temporal de dos pozas de tratamiento, al determinarse que representaban un riesgo potencial para el entorno.
Asimismo, en coordinación con representantes de la ANA, se inspeccionaron los puntos de captación y descarga de aguas tratadas, atendiendo una de las principales preocupaciones expresadas por los dirigentes locales: la posible contaminación del río Ramis, fuente esencial para la agricultura y ganadería de la zona.
Durante la jornada, los especialistas de la DREM exhortaron a los responsables de las operaciones intervenidas a subsanar las observaciones detectadas en un plazo máximo de 10 días calendario, bajo responsabilidad administrativa. Además, se acordó de manera conjunta con las instituciones y representantes comunales mantener una vigilancia articulada y sostenida sobre las actividades mineras en el área, priorizando la protección de los recursos naturales y la salud ambiental del territorio.
La jornada fue valorada por autoridades y pobladores como un ejemplo de fiscalización descentralizada y participativa, que busca equilibrar el desarrollo de la actividad minera con la responsabilidad ambiental y social que exige el territorio.
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