El Perú enfrenta una grave crisis en su sistema de justicia, donde el esfuerzo policial por combatir el crimen es neutralizado por decisiones fiscales que generan indignación. Un reciente informe del programa Contracorriente de Willax reveló que, entre enero y el 10 de marzo, 434 delincuentes fueron capturados, pero 338 de ellos fueron liberados por la Fiscalía, dejando en libertad a criminales de alto peligro.
Entre los capturados se encuentran miembros de bandas criminales como Los Ángeles de la Muerte, La Jauría del Mal, Los Injertos y Los Malditos de Puente Piedra. Todos fueron detenidos en flagrancia, acusados de sicariato, extorsión, tenencia ilegal de armas y crimen organizado.
Las capturas se concentraron en distritos con alto índice de criminalidad como Callao, San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima. Sin embargo, pese a las pruebas, la Fiscalía ordenó la liberación de más del 75% de los detenidos, generando preocupación sobre la efectividad del sistema de justicia.
El exdirector de la DIGEMID, José Luis Gil, señaló que la actuación de la Fiscalía evidencia un “sabotaje” contra la Policía, debilitando la lucha contra el crimen. La falta de estabilidad en el Ministerio del Interior agrava aún más la crisis: en los últimos 10 años, han pasado 31 ministros por el cargo, impidiendo la implementación de estrategias a largo plazo.
Mientras tanto, la extorsión se ha convertido en un flagelo incontrolable. En el 2021 se registraron 100 denuncias en 7 regiones, mientras que en el 2024 la cifra se disparó a 10,000 casos en 18 regiones, demostrando que el crimen organizado sigue en expansión sin una respuesta contundente del Estado.
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