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La situación en La Rinconada y Lunar de Oro, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, ha alcanzado niveles críticos debido a la e
La situación en La Rinconada y Lunar de Oro, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, ha alcanzado niveles críticos debido a la escalada de asesinatos, secuestros y el avance de mafias vinculadas a la minería ilegal. Ante este panorama, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, anunció la inminente solicitud de un estado de emergencia para ambas localidades.
“La voluntad para declarar el estado de emergencia es unánime, pero no basta con el anuncio. Necesitamos acciones reales, trabajo conjunto y decisiones firmes”, declaró Hancco durante la sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), realizada en el auditorio del Gobierno Regional.
Entre los pedidos concretos destacan la apertura de investigaciones de oficio por crimen organizado por parte de la Junta de Fiscales Superiores, la aplicación del derecho penal del enemigo por parte de la Corte Superior de Justicia, y el fortalecimiento del trabajo de inteligencia y despliegue táctico de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior en las zonas críticas.
“Estamos frente a organizaciones peligrosas que controlan territorios, lavan dinero y siembran miedo. No podemos tratarlos como delincuentes comunes”, enfatizó Hancco, solicitando el compromiso total de las instituciones presentes.
Para este sábado a las 10:00 a.m. se ha convocado una nueva reunión del Coresec en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), donde se oficializará el pedido de estado de emergencia ante el Ejecutivo Nacional.
La sesión contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Benny Álvarez Quiñónez; el general PNP Francisco Ninalaya; la presidenta de la Junta de Fiscales, Judith Contreras; alcaldes provinciales y distritales, representantes del INPE, Defensoría del Pueblo y otras instituciones del Estado.
Además, se anunció que junto con esta solicitud se incluirá un pedido de declaratoria de emergencia ambiental para las provincias de Carabaya y Sandia, debido al impacto descontrolado de la minería ilegal sobre los ecosistemas de la región.
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